Buenas noticias para los empresarios y autónomos. El Gobierno ha anunciado una tarifa plana de cotización a la Seguridad Social de cien euros dirigida a cualquier empresa y autónomo, “independientemente de su tamaño”, para la contratación indefinida de nuevos trabajadores durante los dos primeros años siempre que suponga la creación de empleo neto.
La medida supone un ahorro para las empresas o autónomos de cerca del 75% de la cotización por contingencias comunes. Como ejemplo, esto quiere decir que, aplicado a un sueldo bruto anual de 20.000 euros, el empleador se ahorrará 3.520 euros al año de cotización a la Seguridad Social por cada nuevo empleo creado. De esta forma, la cotización será únicamente de 1.200 euros anuales durante los 24 primeros meses.
No se puede olvidar que si una empresa no mantiene el contrato del trabajador durante los 3 años siguientes deberá reintegrar todos los beneficios aplicados.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha considerado la medida “un gran acierto” puesto que es “clave para la recuperación y la creación de empleo”. Ha abogado, igualmente, porque la contratación que se consiga sea “estable”.
Por el contrario, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) cree que esta tarifa plana será muy difícil de aplicar por los autónomos porque les será “casi imposible” mantener los puestos de trabajo durante tres años debido a la situación económica y la precariedad. Entiende que la medida está más dirigida a las medianas y grandes empresas que para autónomos y microempresas.
Por otra parte, el presidente del Gobierno ha destacado que el próximo 9 de marzo entrará en funcionamiento el principio de licencia única, por el que empresas y profesionalespodrán ofrecer sus productos o servicios en toda España tras recibir autorización en una autonomía. Se ha subrayado que también entrará en vigor el mecanismo previsto para proteger a empresas y autónomos ante posibles vulneraciones de este principio de licencia única.
El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha recordado que la situación sigue sin ser buena para trabajadores y empresarios, a pesar de los mejores datos macroeconómicos que se están anunciando, ya que la economía real no percibe la recuperación. Así, apuesta por poner fin a los salarios congelados y al alza de la presión fiscal con el objetivo de que se cree empleo, crezca la actividad económica y aumente el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Por ello, el máximo responsable de esta asociación de autónomos ha presentado al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, las propuestas de cara a la próxima reforma fiscal, entre las que destacan:
– Limitar el régimen de módulos exclusivamente a aquellas actividades cuyos destinatarios directos sean consumidores finales y no otros empresarios o profesionales.
– Hay que recuperar las deducciones familiares por gasto en sanidad, educación, estética y rehabilitación. De esta forma se lucharía contra la economía sumergida al facilitarse la contratación de profesionales que pagan sus impuestos y cotizaciones. Proponen que el porcentaje de deducción sea lo suficientemente elevado para que no fuese rentable pagar sin IVA.
– Las retenciones a profesionales deben ser progresivas. ATA entiende que no se debe retener el mismo 21% al autónomo que ingresa 1.000 euros y al que gana 6.000. Debe ser como en las nóminas, en las que no se retiene lo mismo al mileurista que al que está en la base máxima.
– Deducciones a particulares para la financiación de autónomos y emprendedores, es decir, establecer una deducción a la microfinanciación de un particular a un autónomo con control notarial y registro, con un límite de interés, un límite de cuantía de 30.000 euros y con el fin de que el ahorro de los particulares se convierta en inversión productiva y financiación en la economía real.
– También proponen un régimen de infracciones y sanciones al incumplimiento de los plazos de pago que establece la Ley de Morosidad.
El I Mapa del Fraude de España elaborado por la aseguradora Axa revela que desde el inicio de la crisis se han duplicado los intentos de fraude al seguro, siendo las regiones de Andalucía, Asturias y Murcia las regiones con tasas más elevadas de este tipo de estafa.
El informe destaca que el año pasado la compañía evitó pagos fraudulentos por valor de 63 millones de euros, lo que supone el 1,7% más que el año anterior. También hace especial hincapié en el repunte del número de casos de fraude identificados, con crecimientos sostenidos del 7 y del 11% en 2012 y 2013, respectivamente.
De esta forma, el fraude ocasional o de baja intensidad, que es el que se da por importes menores de 600 euros, aumentó un 21% en 2013, superando el 40% en los últimos cuatro años. Mientras que los intentos de fraude por cuantía superior a 600 euros crecieron el último año un 6,5%. Por otra parte, el fraude por empresas aumentó el año pasado casi un 30%, pese a que solo representa un 9% del total.
Su responsable de Gestión de Fraude y Recobros, Arturo López Linares, explicó que estos datos son consecuencia de un mayor esfuerzo en la detección del fraude al seguro (se ha aumentado un 17% el personal y se ha invertido para este fin 5 millones de euros) y la crisis económica. Al respecto, señaló que las actuales dificultades económicas “pueden estar haciendo que algunas personas se planteen defraudar al seguro por importes relativamente pequeños”.
Por líneas de negocio de AXA, Autofue el ramo que concentró los mayores casos de intento de fraude, con más del 60%. Por detrás, industria, accidentes, transporte, vida y salud con el 28%. Multirriegos marcó un 11 %.
Por tipología de fraude, con el 40 %, la práctica más habitual es reclamar una indemnización por daños que ya existían antes del siniestro. Otro 35% corresponde a reclamaciones desproporcionadas a lo que realmente cubría el contrato. El restante 25% son simulaciones de siniestros para cobrar la indemnización.
Por comunidades autónomas, Andalucía se sitúa a la cabeza en la tasa de fraude al seguro con el 1,7%, seguido de Asturias (1,37%) y Murcia (1,34 %). Por abajo, País Vasco (0,76%), Aragón (0,81%) y La Rioja (0,85%).
En este sentido, bueno es recordar que Canarias y Murcia son las comunidades autónomas en las que hay un mayor porcentaje de dependientes a la espera de recibir la prestación reconocida. Por el contrario, la estadística del Imserso reconoce que en Castilla y León, Ceuta y Melilla es donde más cuidado se ha tenido con esta realidad, registrándose el menor número de personas dependientes que se encuentran en lista de espera para recibir la atención acorde a su estado de salud.
Canarias y Murcia son las comunidades en las que hay más dependientes en lista de espera.
Los datos reflejan que hasta esta fecha, el 79,83% de los dependientes son beneficiarias de la prestación y el 20,17% están pendientes de recibirla. Así, hasta ocho comunidades autónomas superan esta media de personas en lista de espera.
Canarias alcanza hasta el 52,74% de dependientes sin prestación. Por detrás, Murcia (39,27%), Galicia (31,86%), Aragón (31,03%), Comunidad Valenciana (30,37%), Baleares (27,67%), Andalucía (24,35%) y Castilla-La Mancha (22,88%).
Sólo un 1,66% de las personas dependientes no reciben la atención necesaria en Castilla y León. Por debajo también de la media citada del 20,17% están Ceuta y Melilla (4,4%), Cantabria (6,77%), La Rioja (7,18%), Navarra (9,80%), Madrid (10,50%), País Vasco (11,17%), Cataluña (12,59%), Asturias (13,52%) y Extremadura (17%).
Al respecto, el Observatorio Estatal para la Dependencia considera que el SAAD está colapsado y por eso ha abogado por que se incluya esta materia en el futuro modelo de financiación autonómica. Tiene claro que las comunidades autónomas no van a poder soportar el desembolso económico que tienen que hacer por esta asistencia.
No es muy habitual ver noticias que hablan del robo de un instrumento musical, pero si nos referimos a un conocidísimo violín Stradivarius cuyo valor oscila entre los 5 y 10 millones de dólares la cosa cambia. Muchas películas de cine sobre robos de guante blanco nos recuerdan que las medidas de seguridad para objetos como esta obra de arte son siempre pocas.
Esta vez no es una película. En Milwaukee (Wisconsin) la Policía busca a dos ladrones que el pasado 29 de enero asaltaron tras un recital con una pistola eléctrica a Frank Almond, el violinista primero y solista de la Orquesta Sinfónica de esta ciudad, al que sustrajeron el preciado violín Stradivarius.
Este instrumento musical, construido hace casi 300 años (1715 en Cremona, Italia) es uno de los casi 600 violines, violas y cellos fabricados por el famoso lutier Antonio Stradivari que todavía se pueden disfrutar hoy en día.
El Lipinski Stradivarius, sin duda uno de los más deseados por músicos y coleccionistas de todo el mundo, es muy caro, muy conocido y está perfectamente catalogado, por lo que “no es algo que pueda ser vendido sencillamente, ni siquiera por una fracción de su valor”, como ha asegurado el jefe de la policía de Milwaukee, responsable de una investigación en la que está colaborando también el FBI.
Y si no se puede vender porque es un objeto muy fácil de reconocer y, por tanto, no se le podrá sacar un valor material al robo, ¿por qué lo hicieron y, además, con violencia? Los expertos temen que se haya encargado su sustracción tan sólo para ser guardado como preciado objeto de colección o para ser tocado en secreto, algo que hará muy difícil su recuperación.
Más de 12.000 empresas podrán beneficiarse de una nueva línea de crédito de 323,6 millones de euros que ha puesto en marcha el Gobierno para financiar a pymes innovadoras.
Podrán acceder a esta ayuda las empresas que hayan sido catalogadas como innovadoras por el Ministerio de Economía y Competitividad (podrá comprobarse en la web del propio ministerio) y las que se encuentran bajo los códigos nacionales de actividades económicas (CNAE) calificados de media o alta tecnología por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Conviene recordar que este fondo será un complemento importante a la línea de crédito de 150 millones de euros que se acaba de aprobar por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar el capital circulante de las pymes innovadoras.
La línea de crédito que abre el Gobierno estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, aunque el plazo de vencimiento de los préstamos será de siete años, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y será distribuida por las entidades financieras colaboradoras.
En este sentido, hay que tener en cuenta que los recursos que obtenga el ICO por la devolución de los préstamos y por los intereses generados por su actividad serán utilizados para el mismo fin hasta que se liquide esta línea de financiación.
De estos 323,6 millones de euros puestos a disposición de las pymes innovadoras, el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEDER), a través de su Programa Operativo Fondo Tecnológico, aportará el 75%. Por su parte, el ICO asumirá el riesgo de las operaciones de financiación y ofrecerá a estas empresas un tipo de interés “preferencial”.
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