La Empresa Nacional de Innovación (ENISA), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, va a destinar 106 millones de euros, a través de préstamos participativos, proyectos empresariales promovidos por pequeñas y medianas empresas (pymes), empresas de base tecnológica y emprendedores del sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Con esta financiación, el Gobierno busca impulsar la creación de empresas y potenciar así la generación de empleo. El objetivo es llegar a unos 500 proyectos empresariales, induciendo una inversión de 850 millones de euros y la creación de 6.000 puestos de trabajo de los cuales unos 3.500 serán de alto perfil tecnológico.
La línea de préstamos a las pymes concederá entre 25.000 euros y 1,5 millones de euros a proyectos que mejoren su competitividad y contribuyan, como se ha apuntado anteriormente, a la creación de empleo.
Según informa el Ministerio en su web, el periodo de amortización de los préstamos tendrá un vencimiento máximo de 9 años, con un máximo de 7 años de carencia. No se exigirán garantías y el tipo de interés se fijará en función de los resultados de la empresa beneficiaria, con un mínimo y un máximo.
Al respecto del apoyo financiero a la línea de empresas de base tecnológica, ENISA concederá entre 25.000 euros y 1,5 millones de euros sin garantías. Se dirigirá a proyectos cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos, procesos o servicios.
En este caso, tendrán un vencimiento máximo de 7 años, con un máximo de 5 años de carencia. No se exigirán garantías y el tipo de interés se fijará en función de los resultados de la empresa beneficiaria, con un mínimo y un máximo.
Para terminar, se concederán entre 25.000 euros y 300.000 euros a proyectos promovidos por emprendedores y pymes del sector de las TIC con objeto de impulsar la creación de empresas y el lanzamiento de nuevos productos y servicios.
Igualmente, para esta línea Agenda Digital, el periodo de amortización de los préstamos tendrá un vencimiento máximo de 9 años, con un máximo de 7 años de carencia. Se exigirán garantías que oscilarán entre el 5% y el 25% del importe del préstamo en función del rating y el tipo de interés se fijará en función de los resultados de la empresa beneficiaria, con un mínimo y un máximo.
Los préstamos participativos son instrumentos de financiación que aportan recursos a largo plazo a las empresas sin interferir en su gestión con unos tipos de interés vinculados a la evolución de los resultados de la misma.
La compañía de seguros AXA, esta comenzando a enviar cartas junto con suplementos a sus actuales asegurados de su póliza de Vida Dependencia, informado en la misma que en las pólizas actuales se amplia el periodo de permanencia en 10 años llegando por tanto hasta los 80 años, sin repercutir en las primas.
Los sistemas de pensiones públicos “potentes” generan “complementos de pensión mucho más exuberantes” que los que en este momento existen en España. Así lo ha explicado la presidenta de la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), Pilar González de Frutos, que ha pedido, además, que los sistemas públicos y privados de pensiones sean complementarios.
Unespa representa a casi 240 compañías aseguradoras que suponen el 96% del mercado del seguro.
En un desayuno informativo de Fórum Europa, González de Frutos ha dejado claro que “no se trata de contraponerlos, se trata de complementarlos, y la experiencia internacional demuestra que los sistemas de pensiones públicos potentes generan también complementos de pensión mucho más exuberantes que los que tenemos en este país”.
Por otra parte, la responsable de la patronal del seguro ha explicado que la modificación que ha presentado el Gobierno de Mariano Rajoy al sistema de pensiones “no es una reforma”, ya que el sistema sigue siendo el mismo. Al respecto, ha indicado que una reforma de verdad implicaría un cambio “más radical”.
Por ello, Pilar González de Frutos cree que es “imprescindible” garantizar la sostenibilidad del sistema. Entiende que planificar a muy largo plazo cuál puede ser la pensión esperada en el momento de la jubilación tiene mucho que ver con que sea sostenible. También, apunta, porque el futuro de las pensiones no se vea sorprendido “por una limitación de aquella esperanza de pensión con la que habían pensado”.
La presidenta de UNESPA considera que conocer la expectativa de pensión es fundamental para el cotizante, que debe poder planificar su combinación de consumo y ahorro a lo largo de toda su vida activa y pasiva. Dicho más claramente: “Se trata de que cada uno de los cotizantes vaya planificando qué porción de su salario destina a consumo y qué porción ahorra. El ahorro individual genera pensión para uno mismo, la cotización a la Seguridad Social es un régimen de reparto y está dedicado a financiar las pensiones de los que hoy ya son jubilados”.
Sobre las modificaciones que se podrían introducir en la fiscalidad, espera que ante una revisión global, “se tomen en consideración los beneficios macroeconómicos que generan cuando las masas de ahorro finalista y a muy largo plazo crecen”.
La federación nacional de autónomosATA ha presentado un informe de morosidad que refleja que el plazo medio de pago de las administraciones públicas a los trabajadores autónomos se ha visto reducido entre junio y agosto de 151 a 144 días. Del mismo modo, destaca que el total adeudado se ha rebajado en 15 millones de euros hasta los 4.824 millones.
El máximo responsable de esta federación ha criticado que en este país nadie cumple la ley de morosidad y los plazos establecidos en la directiva europea. Así, Lorenzo Amor tiene claro que mientras no se sancione a los que no cumplen no se solucionará este problema. En este sentido, ha asegurado que “lo que no puede ser es que a un ciudadano se le embargue su casa si no cumple y si es la administración la que no cumple con el ciudadano no le pase nada”.
Al respecto, el estudio de ATA muestra que el plazo medio de pago de las administraciones es de 144 días, cuando la ley estipula que se haga en 30 días. Del mismo modo, la empresa privada debería pagar en 60 días y tarda 85 días. Es por esto que el presidente de la federación nacional de autónomos exige al Gobierno que aplique el decreto ley de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas, que permite cobrar en la administración tributaria si no han cobrado en los 90 días posteriores a la emisión de la factura.
Por otra parte, las administraciones que más tardan en pagar son las comunidades autónomas, con 161 días. En este punto, se lleva la palma Cataluña, con 152 días y las comunidades valenciana y andaluza, con 151 días. Por el contrario, las regiones más cumplidoras son Galicia y La Rioja, con 38 días. Navarra y País Vasco sólo tardaron 39 días.
Tardan más de 100 días en pagar Castilla-La Mancha (139), Canarias (133), Aragón (128), Baleares (115), Cantabria (114), Extremadura (108) y Castilla y León (106). Menos de 100 días tardan la Comunidad de Madrid (95) y las ciudades autónomas de Ceuta (67) y Melilla (66).
En esta línea, hay que recordar que los ayuntamientos tardan 127 días en pagar y, por último, la administración central, que se demora 57 días de media. El informe de ATA recuerda que al cierre de agosto, el importe total que se debe a los autónomos es de 4.824 millones de euros.
El presidente de ATA concluye que hay empresas del Ibex-35 “que presumen de ser socialmente responsables pero tardan más de cuatro meses en pagar a sus proveedores”. El informe deja en evidencia que “cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es el número de días que tarda en abonar los servicios que le ha prestado un autónomo”.
Varios expertos en Estadística han señalado que la esperanza de vida en España llegará en un futuro cercano a los 100 años, sobre todo, por una reducción de la mortalidad en las edades más avanzadas “nunca antes experimentada”.
Así lo han confirmado durante el Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa que se ha celebrado en Castellón, lugar en el que han apuntado también que las diferencias entre la esperanza de vida del hombre y la mujer se irán reduciendo.
La doctora de la Universidad Politécnica de Valencia, Ana Debón, ha explicado que la esperanza de vida en España continúa siendo mayor para las mujeres. De esta forma, según datos de Eurostat, en 2012 la esperanza de vida para los hombres fue de 79,01 años mientras que para las mujeres fue de 84,72.
Aun así, Debón ha recordado que nuestro país marca un índice Gini (se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos) cercano a cero. Esto supone una repartición de las mejoras en mortalidad, igualitaria entre todas las edades. Por ello, los expertos han explicado que si las condiciones del pasado continúan, en un futuro cercano las diferencias entre hombres y mujeres se reducirán y se logrará una esperanza de vida de 100 años.
En cualquier caso, el dato en España es mejor que el de la media de la Unión Europea, donde los hombres viven 76,7 años y las mujeres llegan hasta los 82,5.
Por otra parte, los informes del Consejo Económico y Social (CES) revelan que, aunque las mujeres viven más lo hacen con peor salud, ya que la autonomía personal difiere mucho a partir de edades avanzadas, momento en que se ven más afectadas por dependencias funcionales.
En este sentido, la Encuesta Nacional de la Salud de 2012 recuerda que el porcentaje de personas de entre 75 y 84 años que no tienen una dependencia funcional es del 68,4% entre los hombres y del 52,8% entre las mujeres. Igualmente, a partir de los 85 años, el 23,8% de las mujeres no presentan estas dependencias frente al 35,2% de hombres. Es decir, a estas edades hay más hombres con mejor estado de salud que mujeres.
Aprobada la Directiva Europea de Hipotecas. El parlamento Europeo ha aprobado el proyecto en Estrasburgo, mediante el cual se prohibe la vinculación de la concesión de hipotecas a la contratación de otros productos como los seguros. Con esta directiva lo que se pretende es ofrecer una mayor protección al deudor hipotecario mediante la eliminación de las cláusulas abusivas de los contratos de hipotecas actuales. Por consiguiente entre otras se prohíbe vincular los seguros a las hipotecas.
Esta Directiva obliga a modificar la Ley Hipotecaria de España, ya que en esta se contempla la obligatoriedad de la subscripción de un seguro para el inmueble hipotecado dejando la puerta abierta y no limitando a que la entidad financiera pudiera vincular la concesión del crédito hipotecario o las condiciones del mismo (siendo mucho más gravosas dichas condiciones si no se contrata el seguro del inmueble con la entidad bancaria). Pese a que el actual gobierno de España apoyado por la mayoría absoluta de su partido ha tumbado recientes iniciativas presentadas por otros grupos políticos que solicitaban modificaciones a la Ley Hipotecaria similares a las ahora aprobadas en Estrasburgo, esta Directiva Europea viene a recoger entre otras una reclamación de hace décadas de los corredores de seguros, que son los profesionales más cualificados para el estudio y recomendación del seguro adecuado a cada cliente.
Esta Directiva pone la decisión de con quien contratar el seguro de hogar en manos del comprador de la vivienda, lo que en la práctica se reflejara en ahorros que en algunas comunidades podrían llegar al 80% pero con una media no inferior al 50% de ahorro. Ya que las primas ofertadas actualmente por los bancos en seguros de hogar (al ser de obligatoria contratación por los consumidores) suelen estar muy por encima de la media de mercado.
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