Una aplicación gratuita calcula las indemnizaciones por víctima de tráfico

La patronal de las aseguradoras, Unespa, ha puesto a disposición de quien quiera una aplicación informática que permite calcular la indemnización que corresponde a una víctima de tráfico según las lesiones o los perjuicios que haya sufrido. La nueva herramienta incluye el nuevo baremo de indemnizaciones que fue aprobado por las Cortes y que entra en vigor este 1 de enero.

Unespa, junto la empresa de tecnologías de la información Tirea, ha creado la denominada calculadora del baremo, que ya se puede descargar de forma gratuita. La aplicación facilita el cálculo de las indemnizaciones y por se adapta a las particularidades de cada víctima.

El desarrollo de esta aplicación fue supervisado por un comité asesor independiente que estuvo formado por académicos expertos en responsabilidad civil, así como por representantes de las asociaciones de víctimas, técnicos, personal de aseguradoras y de la administración.

Unespa ya explicó que este nuevo baremo mejora las indemnizaciones para los grandes lesionados y para los familiares de fallecidos. Además, establece también nuevos conceptos susceptibles de esas ayudas. Es el caso del lucro cesante, es decir, lo que una víctima deja de ganar como consecuencia del siniestro.

La presidenta de Unespa valora la adaptación de este baremo a la nueva realidad social y familiar de los españoles y calcula que habrá un incremento medio del 8% en las indemnizaciones a las víctimas de tráfico, aunque dependerá, dijo, de cada circunstancia.

Para descargar la aplicación pinche AQUÍ

Qué debe hacer un autónomo o una pyme para cobrar antes sus facturas

Los autónomos tienen que enfrentarse día a día con multitud de problemas para poder seguir manteniendo su pequeña o mediana empresa. Proveedores, clientes e intermediarios son una parte muy importante de una cadena que se puede romper si no se consigue, y este es el verdadero escollo, cobrar a tiempo las facturas.

Tan sencillo de entender como que puede suponer la vida o la muerte de la pyme ante la imposibilidad de continuar con la actividad empresarial. Con la crisis tan importante que ha vivido España –y todavía dura– hemos leído infinidad de noticias al respecto de lo que establece la ley, que dice que los autónomos deben cobrar las facturas que procedan de la Administración en un plazo de 30 días.

El portal Mercado Financiero explica que son 60 los días si estas facturas a cobrar proceden del sector privado. Pero la dura realidad, según datos recabados por la plataforma de facturación electrónica Keyandcloud, es que están tardando una media de 93 y 85 días respectivamente.

Por eso, para cobrar las facturas emitidas lo antes posible recomiendan seguir una serie de consejos:

1.- Facilitar facturas detalladas explicando el proceso y la fecha límite de pago: Se evitan así excusas o malentendidos. Omita términos imprecisos que den opciones a la manipulación del cliente. Evite errores u omisiones en elementos obligatorios en las facturas.

2.- Conocer los datos bancarios de los clientes: Es básico para un autónomo tener los datos bancarios de los clientes. Adquiera un datáfono o terminal TPV para cobrar justo en el momento en el que finaliza el servicio.

3.- Recurrir a mecanismos legales para cobrar facturas: Avales, caución, seguros de crédito, confirming… La idea es hacer a una tercera persona la responsable del riesgo de impago. De esta forma se tiene una garantía para cobrar.

4.- Conocer la organización de las empresas clientes: No solo la bancaria, toda la información posible de la empresa cliente. Facilitará el contacto con la empresa de forma rápida y fluida.

Las periciales de accidentes de tráfico, gratis para los perjudicados

A partir del 1 de enero, los informes sobre daños corporales que se realicen a petición de los particulares que no estén de acuerdo con la indemnización recibida por un accidente de circulación con vehículos a motor serán gratuitos para los perjudicados, según la nueva norma que regula las periciales que realizan los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de la que informó el Ministerio de Justicia en un comunicado.

Se aplicará a los accidentes que se produzcan a partir de esta fecha y supone la incorporación de un nuevo mecanismo para lograr una solución rápida, segura y efectiva en los accidentes de tráfico con vehículos en los que se produzca un daño corporal indemnizable.

El precio de las periciales será a cargo de la entidad aseguradora.

El precio de las periciales será a cargo de la entidad aseguradora.

La nueva norma desarrolla la ley de 2015 que ofrece una vía alternativa a la judicial civil para que los perjudicados y las compañías de seguros puedan ponerse de acuerdo sobre la indemnización en el caso de accidente.

De esta forma, además de garantizar a los particulares un servicio pericial independiente y de calidad que facilite la resolución extrajudicial, entre los objetivos del Real Decreto está regular un procedimiento que garantice la igualdad de trato en cualquier parte del territorio del Estado para el acceso de los ciudadanos a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fijando una normativa común que regule el procedimiento para la petición pericial y su realización.

También persigue mejorar la calidad de las periciales mediante la implementación de un sistema de garantía de calidad junto con la formación de los forenses y, por último, conseguir la máxima objetividad e imparcialidad en la actuación pericial.

La solicitud pericial al Instituto Médico la podrán realizar tanto la entidad aseguradora como el perjudicado de común acuerdo. Si no hubiera entendimiento, podrá ser instada por la víctima. En cualquiera de los dos casos, el precio público que se fije como contraprestación de las periciales será a cargo de la entidad aseguradora y gratis para el perjudicado, que, por cierto, podrá optar entre el Instituto de su domicilio o el que corresponda al lugar del accidente.

Para elaborar esta norma se ha contado con el consenso de entidades como las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA) y el Consejo Médico Forense.