Industria destina 106 millones para financiar a pymes y emprendedores

La Empresa Nacional de Innovación (ENISA), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, va a destinar 106 millones de euros, a través de préstamos participativos, proyectos empresariales promovidos por pequeñas y medianas empresas (pymes), empresas de base tecnológica y emprendedores del sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Con esta financiación, el Gobierno busca impulsar la creación de empresas y potenciar así la generación de empleo. El objetivo es llegar a unos 500 proyectos empresariales, induciendo una inversión de 850 millones de euros y la creación de 6.000 puestos de trabajo de los cuales unos 3.500 serán de alto perfil tecnológico.

La línea de préstamos a las pymes concederá entre 25.000 euros y 1,5 millones de euros a proyectos que mejoren su competitividad y contribuyan, como se ha apuntado anteriormente, a la creación de empleo.

Según informa el Ministerio en su web, el periodo de amortización de los préstamos tendrá un vencimiento máximo de 9 años, con un máximo de 7 años de carencia. No se exigirán garantías y el tipo de interés se fijará en función de los resultados de la empresa beneficiaria, con un mínimo y un máximo.

Al respecto del apoyo financiero a la línea de empresas de base tecnológica, ENISA concederá entre 25.000 euros y 1,5 millones de euros sin garantías. Se dirigirá a proyectos cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos, procesos o servicios.

En este caso, tendrán un vencimiento máximo de 7 años, con un máximo de 5 años de carencia. No se exigirán garantías y el tipo de interés se fijará en función de los resultados de la empresa beneficiaria, con un mínimo y un máximo.

Para terminar, se concederán entre 25.000 euros y 300.000 euros a proyectos promovidos por emprendedores y pymes del sector de las TIC con objeto de impulsar la creación de empresas y el lanzamiento de nuevos productos y servicios.

Igualmente, para esta línea Agenda Digital, el periodo de amortización de los préstamos tendrá un vencimiento máximo de 9 años, con un máximo de 7 años de carencia. Se exigirán garantías que oscilarán entre el 5% y el 25% del importe del préstamo en función del rating y el tipo de interés se fijará en función de los resultados de la empresa beneficiaria, con un mínimo y un máximo.

Los préstamos participativos son instrumentos de financiación que aportan recursos a largo plazo a las empresas sin interferir en su gestión con unos tipos de interés vinculados a la evolución de los resultados de la misma.

La patronal del seguro pide sistemas de pensiones públicos y privados complementarios

Los sistemas de pensiones públicos “potentes” generan “complementos de pensión mucho más exuberantes” que los que en este momento existen en España. Así lo ha explicado la presidenta de la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), Pilar González de Frutos, que ha pedido, además, que los sistemas públicos y privados de pensiones sean complementarios.

Unespa representa a casi 240 compañías aseguradoras que suponen el 96% del mercado del seguro.

En un desayuno informativo de Fórum Europa, González de Frutos ha dejado claro que “no se trata de contraponerlos, se trata de complementarlos, y la experiencia internacional demuestra que los sistemas de pensiones públicos potentes generan también complementos de pensión mucho más exuberantes que los que tenemos en este país”.

Por otra parte, la responsable de la patronal del seguro ha explicado que la modificación que ha presentado el Gobierno de Mariano Rajoy al sistema de pensiones “no es una reforma”, ya que el sistema sigue siendo el mismo. Al respecto, ha indicado que una reforma de verdad implicaría un cambio “más radical”.

Por ello, Pilar González de Frutos cree que es “imprescindible” garantizar la sostenibilidad del sistema. Entiende que planificar a muy largo plazo cuál puede ser la pensión esperada en el momento de la jubilación tiene mucho que ver con que sea sostenible. También, apunta, porque el futuro de las pensiones no se vea sorprendido “por una limitación de aquella esperanza de pensión con la que habían pensado”.

La presidenta de UNESPA considera que conocer la expectativa de pensión es fundamental para el cotizante, que debe poder planificar su combinación de consumo y ahorro a lo largo de toda su vida activa y pasiva. Dicho más claramente: “Se trata de que cada uno de los cotizantes vaya planificando qué porción de su salario destina a consumo y qué porción ahorra. El ahorro individual genera pensión para uno mismo, la cotización a la Seguridad Social es un régimen de reparto y está dedicado a financiar las pensiones de los que hoy ya son jubilados”.

Sobre las modificaciones que se podrían introducir en la fiscalidad, espera que ante una revisión global, “se tomen en consideración los beneficios macroeconómicos que generan cuando las masas de ahorro finalista y a muy largo plazo crecen”.

El plazo de pago a autónomos se reduce de 151 a 144 días

La federación nacional de autónomos ATA ha presentado un informe de morosidad que refleja que el plazo medio de pago de las administraciones públicas a los trabajadores autónomos se ha visto reducido entre junio y agosto de 151 a 144 días. Del mismo modo, destaca que el total adeudado se ha rebajado en 15 millones de euros hasta los 4.824 millones.

El máximo responsable de esta federación ha criticado que en este país nadie cumple la ley de morosidad y los plazos establecidos en la directiva europea. Así, Lorenzo Amor tiene claro que mientras no se sancione a los que no cumplen no se solucionará este problema. En este sentido, ha asegurado que “lo que no puede ser es que a un ciudadano se le embargue su casa si no cumple y si es la administración la que no cumple con el ciudadano no le pase nada”.

Al respecto, el estudio de ATA muestra que el plazo medio de pago de las administraciones es de 144 días, cuando la ley estipula que se haga en 30 días. Del mismo modo, la empresa privada debería pagar en 60 días y tarda 85 días. Es por esto que el presidente de la federación nacional de autónomos exige al Gobierno que aplique el decreto ley de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas, que permite cobrar en la administración tributaria si no han cobrado en los 90 días posteriores a la emisión de la factura.

Por otra parte, las administraciones que más tardan en pagar son las comunidades autónomas, con 161 días. En este punto, se lleva la palma Cataluña, con 152 días y las comunidades valenciana y andaluza, con 151 días. Por el contrario, las regiones más cumplidoras son Galicia y La Rioja, con 38 días. Navarra y País Vasco sólo tardaron 39 días.

Tardan más de 100 días en pagar Castilla-La Mancha (139), Canarias (133), Aragón (128), Baleares (115), Cantabria (114), Extremadura (108) y Castilla y León (106). Menos de 100 días tardan la Comunidad de Madrid (95) y las ciudades autónomas de Ceuta (67) y Melilla (66).

En esta línea, hay que recordar que los ayuntamientos tardan 127 días en pagar y, por último, la administración central, que se demora 57 días de media. El informe de ATA recuerda que al cierre de agosto, el importe total que se debe a los autónomos es de 4.824 millones de euros.

El presidente de ATA concluye que hay empresas del Ibex-35 “que presumen de ser socialmente responsables pero tardan más de cuatro meses en pagar a sus proveedores”. El informe deja en evidencia que “cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es el número de días que tarda en abonar los servicios que le ha prestado un autónomo”.